lunes, 7 de septiembre de 2009

Revelan ataques sexuales contra niñas en la zona arqueológica.


Tula de Allende. Temen por sus vidas familia de comerciantes de la zona arqueológica de este municipio ante amenazas de muerte por parte de presuntos agresores sexuales empleados de dicho recinto federal, quienes acosaron a dos señoritas menores de edad y abusaron sexualmente de otra más durante varios años; los presuntos agresores son el administrador de la Zona Arqueológica de Tula Julio Cesar Doroteo García y tres custodios de nombres José Hugo Baños Ramírez, Fidel Reyes Serrano y Mario Urbano Hernández.

De acuerdo con la denuncia expuesta por la victima María de Jesús quien hoy cuenta con 17 años de edad, los ataques sexuales del administrador de la zona arqueológica comenzaron desde que tenía nueve años de edad, cuando a base de engaños a la menor la introducía a su oficina dentro del museo Jorge R. Acosta del sitio arqueológico y ahí abusaba sexualmente de ella; la madre de la victima María Valentina Cortes Macedonio informó que desde siempre su familia se ha dedicado a la venta de artesanías en ese lugar pero que a consecuencia de la crisis busco otra forma adicional de llevar el sustento a su hogar, por lo que comenzó a vender comida entre sus compañeros artesanos, por lo que las menores frecuentemente acudían al museo a ofrecer sus productos.

Ahí fue donde Julio Cesar Doroteo comenzó a abusar de María de Jesús, posteriormente le ofrecieron trabajo como afanadora en el museo y según refiere la victima se vio obligada a aceptar el empleo ante las amenazas del agresor quien cada vez más la vigilaba y controlaba apoyado de los otros custodios involucrados en el caso; pero hace dos años María de Jesús dejo de acudir a trabajar como afanadora en el museo de sitio en la zona arqueológica debido a que quedó embarazada como supuesto resultado de los abusos sexuales.

y fueron sus hermanas quienes continuaron trabajando en el lugar, ahí los acosos fueron mas frecuentes pero por parte de los vigilantes del lugar José Hugo Baños Ramírez, Fidel Reyes Serrano y Mario Urbano Hernández quienes en repetidas ocasiones y bajo la tolerancia de Julio Cesar Doroteo hostigaban a las menores haciéndoles proposiciones de índole sexual a cambio de dinero, ante la negativa de estas y en a forma de venganza el administrador del sitio ordenó ya no permitirles el ingreso a la zona arqueológica de la familia para vender su comida.

María de Jesús explicó que no había revelado los abusos sexuales de su atacante por temor a que le fueran a hacer algo a su familia ya que constantemente Doroteo García la amenazaba de muerte si no hacia lo que él quería; incluso entre las pruebas documentadas que mostró a El Independiente de Hidalgo están las notas de compra de dos teléfonos celulares que Julio Cesar Doroteo compró a mediados del 2008 presuntamente a nombre de su victima para poder tenerla vigilada; así mismo su madre entregó copias del proceso de denuncia que iniciaron ante la comisión de los derechos humanos, en las sedes estatal y nacional; así como la denuncia interpuesta ante la PGR delegación estatal Hidalgo en la sede Tula, bajo el numero de averiguación AP/PGR/HGO/TUL-II/04/2009.

Sobre la denuncia, María Valentina Cortes expresó su indignación ante la respuesta de las autoridades judiciales sobre los abusos en contra de sus menores hijas, ya que a decir de los agentes ministeriales de la PGR no existen las pruebas necesarias para proceder en contra de los presuntos agresores, “Crece más mi indignación porque no se va a poder hacer nada porque los acosos en contra de Mariana y Claudia no tiene validez según dijo la agente del Ministerio Público” y sobre las violaciones contra María de Jesús dicen que también no hay pruebas y las victimas deben presentar testigos de los ataques, “Yo les pediría a las autoridades que hagan una reconstrucción de los hechos y me digan si en ese lugar, en los horarios en que cometieron las agresiones ¿puede haber testigos?” Dijo.

Ante la respuesta de las autoridades sobre este caso, María Valentina busco apoyo en una Organización No Gubernamental (ONG) defensora de los Derechos Humanos con sede en la capital del estado de nombre Ahuacachahue con quienes ahora buscará llegar a las autoridades federales para que le hagan justicia, sentenció la madre de las victimas.

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